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En octubre de 2026, la petrolera estatal chilena ENAP anunció la compra de la empresa Pluspetrol, encargada de explotar un bloque petrolero en Ecuador. Desde entonces, mensajes compartidos más de 5.000 veces en redes sociales acusan al gobierno de Daniel Noboa de vender a Chile el terreno, "violando la Constitución". Pero el bloque sigue siendo ecuatoriano; lo que cambiaría es la empresa a cargo de su operación. Además, el negocio está a la espera de ser autorizado por el Ejecutivo.
"¡Venden la Amazonía mientras nos dejan a obscuras! Noboa regala el bloque 10 por $207 millones a Chile violando la Constitución", señala una de las entradas difundidas en Facebook ( 1, 2), en Instagram, X y TikTok.
En un video divulgado en Facebook, un usuario dice: "Tener a un ser inhumano que está vendiendo a pedazos el Ecuador. Y me refiero a esto, vender el campo 10, un terreno petrolero de la Amazonía ecuatoriana, por 207 millones a una empresa extranjera (...) precio de gallina enferma".
Capturas de pantalla de publicaciones en Facebook tomadas el 6 de noviembre de 2026
A mitad de septiembre de 2026, el presidente ecuatoriano prometió elevar la producción de crudo para superar los 500.000 barriles diarios en el segundo semestre de 2027 mediante acuerdos con empresas extranjeras.
"Estamos trabajando con compañías internacionales y hay negociaciones avanzadas para que exista un incremento de producción", dijo Noboa en una entrevista radial, sin precisar los nombres de las multinacionales ni detallar el plan.
Sin embargo, es falso que su gobierno haya vendido el bloque petrolero 10, una importante zona de exploración y explotación ubicada en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en la provincia de Pastaza.
Su concesión fue otorgada en 2019 a la empresa Pluspetrol, de origen argentino.
El 19 de octubre, la estatal chilena ENAP, que ya controla los bloques petroleros 46 y 47 desde 2003, informó en un comunicado de prensa que había comprado Pluspetrol Ecuador por un precio base de 207 millones de dólares.
La compañía aseguró que la transacción le permitiría aumentar su producción en el país de 27.000 barriles diarios a 34.000.
La estatal, no obstante, aclaró que la transacción todavía no estaba cerrada, pues el precio definitivo dependía de los ajustes establecidos en el contrato de compraventa y se esperaba la aprobación regulatoria de las autoridades ecuatorianas.
En todo caso, Pluspetrol no es dueño del terreno petrolero, sino que, tal como lo establece la legislación ecuatoriana, recibió una concesión de explotación.
La Constitución del país indica en su artículo 408 que los recursos del subsuelo son propiedad del Estado y no se pueden vender, renunciar a ellos o embargar, y el artículo 316 permite ceder labores a empresas privadas en sectores como el de hidrocarburos.
El consultor en geopolítica energética, Nelson Baldeon, confirmó a la AFP, el 6 de noviembre, que, en efecto, el Estado ecuatoriano es dueño del petróleo, pero "puede otorgar, por contrato, derechos de exploración y explotación por un plazo determinado".
Aclaró que en el caso de la operación entre Pluspetrol Ecuador y ENAP, el gobierno "debe verificar la capacidad técnica y financiera" para asegurarse de que la empresa pueda cumplir con las obligaciones de la concesión.
El 20 de octubre, el Ministerio de Ambiente y Energía comunicó en X que había recibido a representantes de ambas compañías "para conocer sobre el proceso de transacción del Bloque 10 hacia la operadora estatal chilena".
Hasta el 10 de noviembre, no existe registro de que la cartera haya autorizado la operación, tanto en su página web como en sus redes sociales ( 1, 2). Tampoco se halló ningún acuerdo ni resolución al respecto en el Registro Oficial, órgano de difusión del Estado.
Pese a que la administración de Noboa no es la responsable de vender el bloque, sin su permiso no se puede concretar el traspaso del operador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos.
También agrega que el Estado "recibirá una prima" por la transacción.
Nota de prensa de ENAP del 19 de octubre de 2026
Comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía