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La semana pasada abordé cómo los conflictos sociales pueden entenderse desde una perspectiva generacional. En diversos modelos de economía política, las generaciones mayores llevan ventaja y han estructurado mecanismos fiscales —pensiones de beneficio definido, sistemas de salud y otras transferencias— mediante los cuales se transfieren enormes cantidades de recursos de los jóvenes a los viejos.
En México, un ejemplo de este conflicto generacional está ocurriendo en tiempo real: la controversia sobre la Modalidad 40.
El 21 de octubre, el IMSS publicó en el DOF un acuerdo que limita la Modalidad 40, que entró en vigor el 22. Ya no se puede cotizar hasta con 25 UMA (89,000 pesos al mes), sino solo con el último salario registrado más una UMA. En la mañanera, Sheinbaum habló de "esquemas fraudulentos" y de "cientos de miles de millones". Sin embargo, más allá de posibles abusos, el problema refleja un conflicto generacional. ¿Quién paga las pensiones de quién? La Modalidad 40 evidencia un sistema regresivo en el que los jóvenes formales financian con sus impuestos las pensiones de los mayores, mientras los ingresos fiscales son insuficientes.
Para empezar, la Modalidad 40 aplica a quienes empezaron a cotizar antes de julio de 1997; en términos simplificados, quienes nacieron antes de 1979 y quedaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973. En este régimen, la pensión se calcula con el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, casi cinco años. Quien dejaba de trabajar podía seguir cotizando por su cuenta durante ese periodo con el salario que eligiera, hasta unos 89 mil pesos al mes, aunque su último sueldo hubiera sido menor. Con el máximo, pagaba poco más de 13,000 pesos al mes a cambio de una pensión vitalicia calculada sobre un salario que muchos nunca ganaron. Por ley, estas pensiones están a cargo del Gobierno federal y, por tanto, de los impuestos que pagamos los contribuyentes cautivos. Además, sus beneficiarios pueden cobrar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PAM), que es universal y se otorga a todos sin considerar su ingreso.
Estos regímenes se están volviendo fiscalmente insostenibles. Por eso, el Gobierno necesita recaudar más, ya sea a través del IEPS —que afecta sobre todo a los jóvenes—, el ISR de los trabajadores formales o el impuesto predial, que afectará particularmente a las pocas familias jóvenes que logren comprar una casa. Según el CIEP, para 2027 las pensiones de beneficio definido representarán 6.3% del PIB o 27% de los ingresos presupuestarios. El Gobierno está cobrando más a los jóvenes para transferir más de 2.5 billones de pesos a los adultos mayores, sin contar el gasto en sistemas de salud precarios que concentran recursos en las poblaciones de mayor edad.
La generación más joven bajo el régimen de Afores, vigente desde 1997, no tendrá acceso a estos beneficios: su pensión dependerá de lo ahorrado en su cuenta individual. ¿Qué incentivo tienen los jóvenes para contribuir a un sistema que les exige financiar beneficios que ellos no recibirán? ¿Qué incentivo tienen para incorporarse a la formalidad si eso significa pagar más impuestos para sostener un régimen del que no se beneficiarán?
El problema es que estos beneficios son prácticamente irreversibles. Las pensiones de la Ley 73 son derechos adquiridos y la PAM ya está en la Constitución. El costo de sostenerlas, además, seguirá creciendo. Y a los jóvenes del sector formal les tocará hacerse a la idea: cada vez tendrán que pagar más impuestos.